La Dirección no puede espiar indiscriminada y caprichosamente la intimidad y el secreto de las comunicaciones de los trabajadores, reconocidos como derechos fundamentales de los ciudadanos. Ni los empleados pueden utilizar de forma inapropiada los medios tecnológicos que la empresa pone a su disposición para el adecuado desarrollo de su tarea.

La legislación ampara que la Dirección tutele el acceso a Internet desde la CRTVE, para que no conlleve peligros de intrusión por parte de 'hackers'.

Tampoco puede convertir ese 'in vigilando' en una operación de espionaje sobre los usos y costumbres de cada empleado. Puede supervisar que no se haga un uso deshonesto de navegación y correo electrónico, pero desarrollar esa función no implica el derecho a aplicar algoritmos a la huella digital de cada trabajador para elaborar un perfil del mismo (uso torticero del 'Big Data'), ni utilizar “trackers” en los ordenadores de los trabajadores, incluidos los directivos.

Si la dirección quiere implementar los mecanismos necesarios para ejercer su derecho/obligación legítimo de la buena gestión de sus medios tecnológicos, primero debe anunciarlo adecuadamente. Y después debe establecer los límites de lo que considera correcto o incorrecto.

A la Dirección le ha faltado sensibilidad a la hora de poner en marcha los mecanismos, amparados por la Ley, por sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 2016, para la tutela del adecuado funcionamiento de sus medios tecnológicos. Los que la han acusado de querer "espiar" ya han hecho el daño que buscaban hacer.

Ahora la Dirección está en la obligación de elaborar y comunicar a cada trabajador un código de 'Buena Conducta del uso de los medios tecnológicos de la RTVE' que de forma clara y transparente delimite el uso adecuado para todos los trabajadores.

Solo así se podrán evitar las sospechas y veladas acusaciones partidistas y se facilitará el trabajo y la convivencia en la CRTVE.

La forma de aplicar esta norma interna aprobada el 31 de enero pone de manifiesto la necesidad de renovar el Consejo de Administración y que esté constituido por profesionales del medio que tengan dedicación exclusiva. Aprobar una norma sin el desarrollo de la misma trae consigo el tener que suspender su aplicación, como ha anunciado la Presidencia de la empresa, además de una imagen de improvisación impropia de una dirección cualificada y profesional.

Tendrán que especificar cómo se va a aplicar la norma si no quieren ser acusados de pretender ser el Gran Hermano del Mundo Feliz de Huxley. La pelota está ahora en su tejado.

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