El Gobierno ha vuelto a recurrir a préstamos extraordinarios para afrontar el pago de las pensiones. En este caso, se endeudará con el Tesoro Público en 15.000 millones, un préstamo mayor que el solicitado en 2017, cuando el Ejecutivo ya tuvo que recurrir a un crédito de 10.192 millones para cumplir con el pago de la extra de diciembre de nuestros jubilados.

Desde 2012, el Gobierno ha saqueado sistemáticamente la “hucha” de las pensiones, que terminó 2011 con un Fondo de Reserva de 66.815 millones de euros que ha dilapidado en seis años hasta dejarlo en 8.095 millones de euros al terminar 2017.

De esta forma, tal y como venimos denunciando durante años desde la USO, “no solo no se ataja el problema a futuro del desafío demográfico y la falta de cotizaciones, sino que se ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema de un mes para otro. El Gobierno ha salido del paso cada vez que se presentaban problemas de liquidez tomando ‘prestado’ dinero de los fondos de todos. Préstamos que ni han sido devueltos ni han sido destinados a sus fines, que eran el pago de las pensiones o el fomento del empleo estable que garantizase las cotizaciones presentes y futuras”, defiende Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de la USO.

Tal y como hemos recogido en nuestra Resolución-Programa, emanada del 11º Congreso Confederal, y en el marco de nuestra presencia en la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), consideramos “necesario ampliar el espíritu que ya recoge la Carta Magna, promoviendo una reforma que modifique el artículo que establece la garantía de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, en el sentido de que se refuerce como obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones”.

Solo de esta forma, añade Sara García, “el uso que se haga del Fondo de Reserva no dependerá del gobierno de turno, y la provisión de partidas presupuestarias para hacer frente a los pagos, si es que la “hucha” ya no diera para ello por su creciente malversación, será de obligado cumplimiento por la Carta Magna, sean los Presupuestos Generales del Estado del color político que sean”.

Desde la USO, nos preguntamos en qué momento se encuentran los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, cuyo cometido de reforma de las pensiones era tan urgente de abordar el año pasado y cuya importancia parece haberse esfumado frente a otras prioridades políticas. Sara García exige que se aborde “sin dilación, con un sentido de Estado más allá de los partidos y con la pluralidad de voces necesaria para un pacto que afecta a todos los españoles. En la USO reivindicamos ser escuchados, ya que somos el tercer sindicato de este país y nuestros afiliados y afiliadas merecen formar parte de una mesa de diálogo que va a legislar el Estado del Bienestar al que contribuimos”. En este sentido, nuestro sindicato seguirá participando en tantas acciones reivindicativas por el futuro de las pensiones como consideremos necesarias, tanto de manera individual como en el marco de la MERP, con el objetivo claro de convertir en realidad el lema #BlindarLasPensiones.

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