Se suman a las ya aprobadas en marzo, lo que representa una Oferta de Empleo Público para 2017 con más de 28.200 plazas, la mayor desde 2008. La Oferta ordinaria aprobada hoy es de 16.000 plazas, mientras que la extraordinaria representa cerca de 4.300 plazas.

En la Oferta extraordinaria se incorporan efectivos para el control del gasto público, la lucha contra el fraude fiscal y laboral y de la Seguridad Social, en el Servicio Público de Empleo, en el colectivo de examinadores de tráfico y en las oficinas de expedición de DNI y pasaporte
En la Agencia Tributaria se ofertarán 2.150 plazas para 2017 y 2018
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de oferta de empleo público de la Administración General del Estado para 2017, con cerca de 16.000 plazas (10.300 de nuevo ingreso y más de 5.600 de promoción interna), así como un Real Decreto Ley de Oferta Extraordinaria, que incorpora cerca de 4.300 plazas adicionales para luchar contra el fraude fiscal y laboral, y mejorar la prestación de determinados servicios públicos a los ciudadanos.

A las plazas previstas en las dos normas hoy aprobadas, hay que añadir las cerca de 8.000 plazas del Real Decreto-ley del pasado 31 de marzo que aprobó la Oferta para personal docente, militares, policías nacionales y autonómicos, y guardias civiles. Todo ello suma una Oferta de Empleo Público para 2017 superior a las 28.200 plazas, la mayor desde 2008.

NORMAS Turno Libre Promoción Interna Total
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA 2017 y 2018, de lucha contra el fraude y mejora de los servicios públicos 3.832 450 4.282
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (ordinaria) 10.323 5.675 15.998
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO en docencia, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Comunidades Autónomas, del 31 de marzo de 2017 6.296 1.673 7.969
TOTAL OFERTA EMPLEO PÚBLICO 20.451 7.798 28.249

La aprobación de la oferta ha sido precedida por la firma de un Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado suscrito por la secretaria de Estado de Función Pública, y las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, UGT y CIG, en una reunión celebrada en el día de ayer.

En cuanto a la Oferta ordinaria experimenta un incremento del 24 por 100 con respecto a 2016 se debe, entre otros factores, a la inclusión de tres nuevos sectores prioritarios en los que la tasa de reposición de efectivos es del cien por cien: atención al ciudadano en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

En el ámbito de la Administración de Justicia, junto a las 743 plazas correspondientes a la tasa de reposición, la oferta de empleo público para 2017 adiciona 2.331 plazas, consecuencia del proceso de estabilización aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Con esta oferta el Gobierno da cumplimiento al Acuerdo del 29 de marzo de 2017 para la mejora del Empleo Público, firmado con las organizaciones sindicales más representativas, en lo que se refiere al fortalecimiento de los efectivos de la Administración General del Estado.

Oferta Extraordinaria

Junto al Real Decreto de oferta de empleo público, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de oferta extraordinaria de empleo público con más de 4.200 plazas, para reforzar el control del gasto, la lucha contra el fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social, y la prestación de determinados servicios públicos.

PLAZAS POR SECTORES
2017 2018 Total
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 1.075 1.075 2.150
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 215 200 415
Seguridad Social 282 282 564
Inspección de trabajo 160 160 320
IGAE 89 89 178
Ministerio de Interior (DNI) 150 — 150
Dirección General de Tráfico (DGT) 505 — 505
TOTAL REAL DECRETO LEY 4.282

Agencia Tributaria

La Agencia Estatal de Administración Tributaria se verá reforzada con 2.150 nuevas plazas con las que se intensificará la lucha contra el fraude fiscal y se garantizará el adecuado cumplimiento del régimen jurídico de los ingresos públicos.

Asimismo, los cuerpos encargados del control de la ejecución del gasto público de la Administración General del Estado (interventores y técnicos auditores del Estado) verán incrementados sus efectivos en 178 plazas.

En el ámbito de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, se contempla un incremento de 320 efectivos, a los que se suman las 415 plazas con destino al Servicio Público de Empleo Estatal y FOGASA. Con ello se aumenta considerablemente la dotación de personal de los organismos encargados de controlar la normativa laboral y de la Seguridad Social y del pago de prestaciones.

Examinadores de tráfico y oficinas del DNI

Por otro lado, y con el fin de responder al considerable aumento de la demanda en los servicios de la Dirección General de Tráfico encargados de la realización de las pruebas de obtención de permisos de conducción, se crea una especialidad de tráfico en el Cuerpo General Administrativo, con una dotación de 505 plazas.

Igualmente, y para atender la mayor actividad en las oficinas de expedición del DNI y del pasaporte el Real Decreto Ley aprobado hoy prevé 150 plazas en el Cuerpo General Auxiliar.

(OFERTA EMPLEO PÚBLICO)

Hacienda y Función Pública
SE REVISA UNA DÉCIMA AL ALZA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 2018 Y 2019, Y SE REDUCE UNA DÉCIMA EL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La revisión no producirá efectos en el objetivo del conjunto de las Administraciones Públicas, que se mantiene en el 2,2 por 100 del PIB en 2018 y 1,3 por 100 del PIB en 2019
Varía igualmente, en consecuencia, la distribución de los objetivos de deuda pública: los objetivos de las Comunidades Autónomas el 24,1 por 100 en 2018, 22,3 por 100 en 2019 y 22,4 por 100 en 2020
La regla de gasto permanece inalterada
El Consejo de Ministros, tras recabar el informe favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en su reunión de hoy ha reconsiderado la distribución del objetivo de déficit para 2018 y 2019, ha acordado aumentar una décima el objetivo de las Comunidades Autónomas, situándolo en el -0,4 por 100 del PIB en 2018 y el -0,1 por 100 del PIB en 2019. A su vez, se ha estimado procedente disminuir una décima el déficit de la Seguridad Social en cada uno de esos años, de forma que pasará al -1,1 por 100 del PIB en 2018 y -0,9 por 100 en 2019.

El Acuerdo alcanzado también recoge el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, el cual no ha sufrido ninguna variación respecto del que se aprobó en el pasado día 3 de julio. Por tanto, el techo de gasto asciende a 119.834 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.497 millones respecto al límite de gasto de 2017.

Durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 29 de junio, el Gobierno ya destacó el esfuerzo que había realizado el conjunto de las Comunidades Autónomas durante los últimos años en la reducción del déficit público. Los últimos datos conocidos sobre la evolución de empleo y de la Seguridad Social, que reflejan una tendencia muy positiva y mejoran las expectativas y previsiones del Gobierno, hacen posible reconsiderar la distribución del objetivo de déficit para 2018 y 2019, y aumentar una décima el objetivo de las Comunidades Autónomas.

Se trata de una redistribución dentro del conjunto de las Administraciones Públicas, de modo que el objetivo global de déficit para 2018 seguirá siendo del -2,2 por 100 del PIB, el cual permitirá salir del Procedimiento de Déficit Excesivo y seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Del mismo modo, en 2019 se mantiene el objetivo del -1,3 por 100 de PIB y en 2020, el del -0,5 por 100.

Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010(En porcentaje del PIB)
2018 2019 2020
Administración Central -0,7 -0,3 0,0
Seguridad Social -1,1 -0,9 -0,5
Comunidades Autónomas -0,4 -0,1 0,0
Entidades Locales 0,0 0,0 0,0
Total Administraciones Públicas -2,2 -1,3 -0,5

Por lo que se refiere a los objetivos de deuda pública para el período 2018-2020, el cambio planteado en los objetivos de déficit implicará una variación en el volumen de deuda pública de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas. Los nuevos objetivos para cada uno de sus subsectores y para el conjunto de Administraciones Públicas quedan en los términos siguientes:

Deuda PDE en porcentaje del PIB
2018 2019 2020
Administración Central y Seguridad Social 70,8 69,5 67,6
Comunidades Autónomas 24,1 23,3 22,4
Entidades Locales 2,7 2,6 2,5
Total Administraciones Públicas 97,6 95,4 92,5

Regla de Gasto

Tasa de referencia nominal(% variación anual)
2018 2019 2020
2,4 2,7 2,8

El Acuerdo de Consejo de Ministros también aprueba el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, en los mismos términos que el aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 3 de julio. El techo de gasto asciende a 119.834 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.497 millones respecto al techo de gasto de 2017.

(OBJETIVOS ESTABILIDAD)

Energía, Turismo y Agenda Digital
CREADA UNA COMISIÓN DE EXPERTOS SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Formada por catorce expertos independientes y de reconocido prestigio, deberá analizar posibles escenarios de transición energética que garanticen la competitividad de la economía, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental.

En concreto, los expertos deberán analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible.

El informe de la Comisión de Expertos recogerá alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

Presentación del informe en seis meses

La Comisión de Expertos estará formada por catorce miembros: cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CC OO y CEOE). El grupo de expertos tendrá seis meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía para su posterior paso por el Consejo de Ministros. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo.

Esta iniciativa se une a otras que ya ha puesto en marcha el Gobierno para la elaboración de una estrategia global en materia de energía y cambio climático con el mayor consenso posible y que impulse la competitividad y la creación de empleo. En particular, en marzo pasado se creó un Grupo de Trabajo Interministerial para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Las propuestas de la Comisión de Expertos serán igualmente presentadas a este Grupo de Trabajo Interministerial para informar la labor de los ministerios en esta materia.

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