Liderada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de la que USO es parte, se ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea, ha remitido un informe al Comisario Europeo de Derechos Humanos y ha enviado una carta a la Defensora del Pueblo Europeo, junto a cientos de asociaciones, partidos y sindicatos para que se investigue la posible vulneración de la normativa europea derivada de la aplicación práctica del acuerdo UE-Turquía y, en su caso, abra los procedimientos de infracción oportunos y se impugne el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incompatibilidad con el derecho europeo.
Además de las más de 11.000 firmas ciudadanas recogidas en menos de una semana, han decidido unirse a esta demanda cerca de 300 colectivos, organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como redes y plataformas estales e internacionales que representan a su vez a más de mil entidades. La petición de firmas individuales seguirá abierta en las próximas semanas para seguir mostrando el rechazo ciudadano al acuerdo UE Turquía.
CEAR, junto a todos los firmantes, pretende que las instituciones europeas señalen el carácter ilegal del acuerdo con el gobierno turco y que se detengan las expulsiones a Turquía desde Grecia. El pasado mes de marzo, apenas unos días después de la entrada en vigor del acuerdo, la Unión Europea inició la expulsión de más de 300 personas, varias de las cuales habían pedido asilo.
