Sindicatos de todas las regiones de la ISP negociaron con éxito unas nuevas directrices de la OIT para garantizar el trabajo decente en los Servicios Públicos de Urgencia (SPU). Trabajadores, empleadores y gobiernos adoptaron las nuevas directrices el 20 de abril de 2018, que se presentarán al Consejo de Administración de la OIT en noviembre de 2018 para su aprobación.

La estrategia que la ISP defendió en la reunión fue conectar los SPU con las necesidades de las comunidades, donde viven y trabajan nuestros miembros.  Por lo tanto, las directrices incluyen una recomendación importante: que no se privaticen los SPU (párrafo 35: "Los SPU son por excelencia de carácter público y, en principio, no deberían privatizarse ni subcontratarse"), y que a los puestos de trabajo de los SPU deberían ser protegidos del impacto de la austeridad fiscal (párrafo 33).

Los gobiernos y los empleadores entienden y respetan los sacrificios exigidos a los trabajadores de los SPU y las protecciones para los trabajadores acordadas y velan por que se les apliquen y  estén protegidos, antetodo, por los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (párrafos 25 y 26). Ello significa que los trabajadores de los SPU tienen derecho a la libertad sindical, a formar sindicatos y a negociar colectivamente sus condiciones laborales.  Además, las directrices indican que los "estados de excepción" no deben utilizarse como pretexto para restringir dichos derechos (párr. 102).

Los trabajadores del SPU también tienen el derecho a rechazar el trabajo inseguro; el derecho a estar dotados de las herramientas y capacitación adecuadas, como ejercicios prácticos, incluidos aquéllos en los que participe la comunidad.  Dado que muchos servicios públicos de empleo son considerados "servicios esenciales", los trabajadores que queden privados del derecho a la huelga deberían tener acceso a procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y rápidos (párr. 105).  Se trata de un reconocimiento implícito del derecho de huelga, que ha sido objeto de ataques en la OIT desde hace algunos años.  

Las recomendaciones amplían la definición de los trabajadores de SPU. Además de socorristas, bomberos, policía, ambulancias y técnicos médicos de urgencia, incluye ahora a otros cuerpos a los que se suele acudir en situaciones de emergencia, como los servicios de salud y los servicios sociales, las administraciones locales y regionales y los servicios encargados de restablecer el suministro de agua y electricidad.  Todos ellos merecen la capacitación y las protecciones adicionales para cuando tengan que participar en los SPE, aunque esta no sea su función principal.

Logramos introducir un texto detallado sobre el equipo de protección personal (EPP), que es el último escudo para prevenir lesiones o muerte de los trabajadores de los SPU –cuando todos los demás métodos han fallado (sección D)—.  Los empleadores de los SPU deben suministrar el EPP apropiados de acuerdo al riesgo, y mantener este equipo, sin costo alguno para los trabajadores de SPU.

Las directrices establecen uns nuevas normas para los voluntarios en los SPU: aunque no sean empleados de los SPU, son trabajadores y deben beneficiarse de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y "no se debería pedir a ningún voluntario que desempeñe tareas o actividades que no se correspondan con la formación que ha recibido y para la que haya sido declarado competente". (Párrafo 122). Además, "el recurso a voluntarios no debería afectar a la coordinación de los SPU, acarrear la sustitución de los trabajadores de estos servicios, socavar los salarios o las condiciones de trabajo de otros trabajadores de los SPU, ni tampoco servir para justificar la dotación de personal o financiación insuficientes de estos servicios".

Las directrices de los SPU reconocen la importancia de los mecanismos de diálogo social en muchas áreas de toma de decisiones –las decisiones son más sólidas si los trabajadores y trabajadoras de los SPU y sus sindicatos se involucran desde el principio—.

Los sindicatos deberían utilizar estas directrices para:

  • Hacer que el lugar de trabajo sea más seguro
  • Fomentar el diálogo social, especialmente con los empleadores de los SPU.
  • Fortalecer los sindicatos
  • Proteger y organizar a los voluntarios
  • Privatización en bloque
  • Trabajar con las comunidades para garantizar una mayor preparación

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