Internacional

La USO, junto a las organizaciones que componen la campaña contra los paraísos fiscales, en bien de la justicia fiscal, y desde la convicción de que denunciar un delito como es el fraude a la hacienda pública nunca debería ser castigado, reclamamos la inmediata puesta en libertad de Hervé Falciani. Al mismo tiempo denunciamos la ambigüedad jurídica y legal que las instituciones de la Unión Europea y el gobierno de España mantienen con los grandes defraudadores fiscales y con los países que acogen sus cuentas opacas, los llamados paraísos fiscales.

La decisión es considerada una gran derrota por el movimiento sindical brasileño. La reglamentación de ese derecho ya había sido aprobada por el Legislativo en 2017, pero el presidente Michel Temer la vetó, descumpliendo la Convención 151 de la OIT, que fue ratificada por el gobierno de Brasil en 2010.

USO, junto con el resto de organizaciones que componen la Plataforma por la Justicia Fiscal, y coincidiendo con el aniversario de la publicación de los llamados “papeles de Panamá”, donde se desvelaron numerosos nombres de propietarios de empresas y cuentas bancarias que no tributaban por sus beneficios o riqueza, ha organizado actividades de denuncia sobre los paraísos fiscales.

Las nuevas normas fiscales de la UE para las empresas digitales constituyen un primer paso para hacer frente a la indignación pública que suscita la ingeniería tributaria que aplican algunas de las mayores empresas del mundo, afirma la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical mundial que lidera la campaña a favor de un foro sobre el impuesto de sociedades.

El secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible de USO, Javier de Vicente, ha suscrito junto a sus homólogos de CCOO y UGT una carta dirigida a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, reclamando que España apoye un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) que reconozca y promueva el tripartismo -entre gobierno, empresarios y sindicatos-, el trabajo decente, la promoción de la contratación equitativa y la protección de los trabajadores migrantes a lo largo de todo el ciclo migratorio.

La CSI ha pedido a las Naciones Unidas que abandonen los recortes salariales unilaterales que afectan a su personal, así como otras modificaciones en las condiciones de empleo que implicaran tasas de pago diferentes por el mismo trabajo y podrían dar lugar a situaciones de discriminación, especialmente contra las mujeres que retoman el servicio en la ONU después de tomar un tiempo prolongado debido a razones familiares.

El personal de la Organización Internacional del Trabajo está haciendo hoy huelga en lo que constituye el último de una serie de paros laborales organizados por los empleados de las Naciones Unidas en protesta por la imposición unilateral de unos recortes salariales considerables por parte de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), encargada de establecer las condiciones de servicio de los empleados en el sistema de la ONU.

La plataforma Refugio por Derecho, de la que forma parte USO-Madrid, se concentró ayer calle Montera para denunciar los 2 años del acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Un acuerdo ilegal e inmoral con consecuencias dramáticas y muy negativas para las personas refugiadas y que ha vulnerado y sigue vulnerando los derechos humanos de miles de personas, muchas de ellas mujeres y menores, poniendo, además, en riesgo sus vidas.

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el organismo de control financiero de la propia Unión Europea, ha criticado a las Asociaciones Público-Privadas en un informe publicado sin paliativos.

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