Igualdad

El nuevo Ejecutivo ha modificado el contenido de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a través del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto para dar respuesta efectiva a la asistencia a las víctimas. Concretamente, se ha modificado el artículo 20, para mejorar la asistencia judicial de las víctimas; el artículo 27, para hacer compatibles entre sí las ayudas de la Ley Integral y la Ley de Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de víctima de violencia de género; y el artículo 23.

El Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado hace casi un año por mayoría del Congreso, ha conseguido financiación para 2018, pasando de los 80 millones anunciados inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado, sin financiación para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a los 200 millones. Tras el cambio de Gobierno y una enmienda del PSOE, el presupuesto ha aumentado en 120 millones, de los que 100 están destinados a las comunidades autónomas y, 20, a las entidades locales.

En lo que va de año, 28 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, triste cifra a la que hay que añadir el menor asesinado por su padre en El Ejido (Almería), el cual declaró que cometió el crimen “para hacer daño a la madre”. Continúa en investigación el caso ocurrido en la Orotava (Tenerife), en que la mujer y sus dos hijas fueron asesinadas, y dónde después se suicidó el padre.

En el Día Internacional de la Juventud 2018, USO lamenta que año tras año haya poco que conmemorar este 12 de agosto, más allá de convertirlo en una jornada reivindicativa por los derechos y mejoras laborales de uno de los colectivos más débiles durante y, ahora, después de la crisis.

La justicia europea ha vuelto a obligar a que el Gobierno de España modifique un aspecto de nuestra legislación que conllevaba situaciones de discriminación indirecta. En este caso, se trata del cómputo del tiempo cotizado para el cálculo de la duración de la prestación de desempleo en los casos de contratos parciales verticales, que excluye del cómputo los días no trabajados.

El juzgado de lo Social nº 1 de Logroño ha dictado sentencia favorable a un trabajador que pedía concreción horaria en la reducción de jornada por guarda legal de su hijo menor.

Con la publicación en el BOE de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, entra finalmente en vigor la ampliación del número de días a los que el trabajador tendrá derecho por paternidad. Pasa así de cuatro a cinco semanas, ampliables en dos días más por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Este permiso, que debió haber entrado en vigor desde el 1 de enero de 2018, ha tenido que esperar no solo a la aprobación de los PGE, sino a su publicación en el BOE. El nacimiento, adopción o acogimiento que dará lugar a este permiso deberá ocurrir a partir de mañana, 5 de julio. De lo contrario, se regirá por la anterior legislación, que recoge solo cuatro semanas.

La estructura salarial por género muestra claramente la silueta de una tijera abierta, donde la cruz se da ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional, tal y como puede observarse en la gráfica del informe “Salarios y desigualdad”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO. Por debajo del SMI, los porcentajes más altos los representan las mujeres (67,67%) frente a los hombres (32,33%). Es decir, las mujeres que cobran menos del salario mínimo duplican a los hombres. Sin embargo, cuanto más crece la remuneración, más se dispara el porcentaje de perceptores masculinos con respecto al femenino, hasta ser tres hombres por cada mujer en los sueldos que son ocho veces superiores al SMI.

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha participado hoy en el debate organizado por “The family watch”, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, para analizar el papel que las políticas laborales tienen en la conciliación y la formación de una familia. Pérez ha defendido “un empleo de calidad como piedra angular básica para poder desarrollar una vida familiar si se decide así. El trabajo de los jóvenes está tan precarizado que no tienen la opción de elegir entre tener hijos o no. Y no solo hablamos de sueldo, sino también de condiciones, tras la entrada en vigor el nuevo permiso de paternidad, un pequeño paso hacia la igualdad, pero faltan muchos más por dar”.

El pasado 28 de junio, se celebró en la sede confederal de Santa Bárbara la reunión anual de responsables de Juventud USO, la primera en la que la secretaria de Formación Sindical e Igualdad, Dulce Moreno, tuvo contacto con las responsables de juventud en los territorios. A este encuentro acudieron las responsables de Juventud de Euskadi, Islas Canarias, Almería, La Rioja y la FTSP-USO.

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