En un comunicado, SPJ-USO Andalucía denuncia el fariseismo sindical de CCOO y UGT, o como firmar una cosa en 2003 y defender lo contrario ahora.
Esta información va dirigida a ti, funcionario/a destinado en los partidos judiciales donde la implantación de la NOJF es inminente (Vélez-Málaga, El Ejido y Fiscalía de Sevilla) o en el partido judicial de Córdoba capital (el próximo partido en que se implantará) y que estás indignado/a ante los cambios que se avecinan, indignación que, en gran parte, están promoviendo los sindicatos CC.OO y UGT, que ahora resultan ser los mayores detractores de la Nueva Oficina Judicial y los grandes defensores del funcionario fustigado por las «siete plagas que la NOJ propagará».
Pues bien, te pedimos que dediques unos minutos de tu apretada jornada laboral para que leas esta información, y tras ello puedas formarte una idea más completa y objetiva de la situación por la que estás a punto de pasar.
Nos remontamos al año 2003, fecha en que se produjo la mayor modificación de la LOPJ mediante la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de Diciembre, que implantó el nuevo modelo de oficina judicial (en adelante NOJ). Previamente a esta modificación de la LOPJ, dicho año se firmaron dos importantes acuerdos sindicales, de fecha 24-02-2003 y 31-10-2003 por parte de los sindicatos mayoritarios de Justicia (CSIF, CC.OO y UGT) con el Ministerio de Justicia en los que se «recogían los principios básicos que sustentaban la reforma de la Oficina Judicial para la modernización y mejor servicio público de la Administración de Justicia» (frase literal del BOE, donde se publicaron estos acuerdos, el primero de ellos concretamente en el BOE de fecha 17-05-2003, pag. 19034, y posteriormente el segundo acuerdo en el BOE de 15-04-2004, pag. 15488)
Efectivamente, como habrás podido comprobar tanto CC.OO. como UGT (que en 2003 eran el segundo y tercer sindicato a nivel nacional en Justicia) suscribieron voluntariamente dichos acuerdos, avalando con ello el modelo de NOJ que pretendía implantar el Ministerio de Justicia. Es algo que está publicado en BOE y que si te tomas el tiempo oportuno podrás leer por ti mismo, si bien los funcionarios antiguos sí que recuerdan esos acuerdos, pues se firmaron después de una infausta jornada de huelga, que tras ser convocada para el día 27-11-2002, fue desconvocada de madrugada por estos tres sindicatos, tras haber alcanzado un «excelente pre-acuerdo» tal y como nos vendieron esa mañana a los desconcertados trabajadores que no pudimos hacer la huelga prevista y que se preveía que iba a tener un apoyo masivo en todo el Estado, como pocas veces ha ocurrido en la Administración de Justicia. ; Ese pre-acuerdo quedó plasmado más tarde en los dos acuerdos antes citados, publicados en el BOE.
Por tanto este nuevo modelo de oficina judicial -NOJ- fue pactado por el Ministerio de Justicia con los SINDICATOS MAYORITARIOS (CSIF, CC.OO. Y UGT) y SPJ-USO no tuvo la más mínima responsabilidad en ello, pues jamás suscribió ni estuvo de acuerdo con este modelo.
Pero no contentos con ello, más tarde se produjo la modificación del art. 521 de la LOPJ, que fue pactada por el Ministerio con los sindicatos CC.OO y UGT, entre otros, y esa modificación es una de las más perjudiciales para los funcionarios de Justicia, pues reduce drásticamente el número de destinos a los que se puede concursar, pues en concreto este polémico artículo establece:
Art. 521…..Se entenderá por centro de destino: «Cada uno de los servicios comunes procesales. El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio…..»
Esto, en la práctica, implica que todas las UPADS de un mismo municipio se consideran el mismo centro de destino, y que cuando uno pida la UPAD Civil de una localidad, pudiera terminar destinado en un Juzgado de Familia o Mercantil, y sin tener además posibilidad alguna de escoger el número concreto de UPAD a la que quiere ser destinado.
Pues bien, a pesar de que este modelo de oficina judicial no ha contado JAMÁS con el apoyo de SPJ-USO, ni nos gusta lo más mínimo, sí que hemos procurado minimizar sus daños y consecuencias mediante UN ACUERDO DE GARANTÍAS MÍNIMAS de los funcionarios de Justicia de ANDALUCIA ante la NOJF, que hemos suscrito con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía tras una larga y ardua negociación. Este importante acuerdo, entre otras cosas, mejora el concepto de destino de tal forma que sea posible pedir en los concursos también las Secciones de los Servicios Comunes, o que se diferencie en las RPT´s los distintos órdenes jurisdiccionales a efectos de poder pedir unas u otras UPADs (pudiendo concursar a la UPAD de primera Instancia, de lo Penal, de Instrucción, de lo Social, Mercantil, Contencioso-Administrativa, de la Audiencia, TSJ, etc…) aunque seguirá sin poder pedirse un número concreto de UPAD, por impedirlo el citado artículo 521 de la LOPJ, cuya redacción contó con el visto bueno de los sindicatos antes citados.
Este acuerdo de Garantías Mínimas ha sido respetado por la Junta de Andalucía, hasta el momento, en las experiencias piloto de Vélez-Málaga, El Ejido y Fiscalía de Sevilla, donde se han consolidado todas las retribuciones y por todos los conceptos, que los compañeros venían cobrando, además de establecer unas considerables retribuciones a las nuevas jefaturas (solo superadas por el País Vasco) y por eso las ordenes de implantación y RPTs de esas experiencias piloto han contado con el respaldo de SPJ-USO y de otros dos sindicatos más, siendo, por tanto, el 70 por cierto de la representación sindical de Andalucía. No obstante conviene recordar que el borrador inicial de RPT de las experiencias piloto que nos presentó la Junta de Andalucía no respetaba los derechos adquiridos de todos los compañeros, y fue durante la negociación cuando conseguimos que esa RPT se ajustase y cumpliese con el acuerdo de Garantías NOJF de Andalucía (os animamos a que releáis las diversas circulares que hicimos durante toda la negociación).
También conviene recordar que la Administración para aprobar una RPT no necesita contar con el respaldo de ningún sindicato, solo necesita negociarla, con o sin ese respaldo. Obviamente si no hay respaldo sindical la Administración no tiene por qué variar un ápice el borrador que presenta a negociación, cosa que aquí, y tras una negociación en la que SPJ-USO intervino decisivamente, si conseguimos y en aspectos tan importantes como eliminar multitud de funciones que pretendían atribuirnos indebidamente, o garantizar el derecho a seguir realizando las guardias todos los que ahora las hacen, o garantizar el derecho a seguir percibiendo el complemento de VSM aquellos los funcionarios que fueran reordenados al Servicio Común y lo viniesen cobrando, etc…. Si todos los sindicatos hubiésemos tenido la temeraria actitud de CC.OO. Y UGT. en esta negociación, no se hubiesen conseguidos estas mejoras.
Respecto de la acusación que estos dos sindicatos están vertiendo últimamente de que en Córdoba estamos pidiendo que se incremente el complemento específico de algunos compañeros (se refieren a los destinados en primera instancia, penales y mercantiles) y que eso mismo no lo pedimos durante la negociación de las experiencias piloto, conviene recordar lo que ya hemos plasmado en nuestras circulares previamente y es que todos los funcionarios incursos en las experiencias piloto cobran retribuciones superiores a las básicas (guardias, complemento VSM, complemento Actos de comunicación) y eso implica por la vía de hecho una diferenciación de esos puestos. Por el contrario la mayoría de los compañeros destinados en Córdoba sólo perciben las retribuciones básicas, y ni un solo euro más.
Pero, repetimos, el hecho de que hayamos dado nuestra aprobación a la RPT de las experiencias piloto, no implica que en SPJ-USO nos guste el nuevo modelo de oficina judicial, pues nos sigue sin gustar y no vemos tampoco que vaya a suponer una mejora efectiva en el servicio que la Administración de Justicia presta al ciudadano.
Por eso resulta incomprensible y casi esquizofrénico que los mismos sindicatos que montaron este lio allá por 2003, y que ayudaron al Ministerio a «meter las cabras en el corral», ahora, cuando es el momento de limpiar y atenuar los daños de su temeraria e imprudente negociación, se salgan del corral para que otros «limpien el estiércol» que ellos han producido, quedándose detrás de la valla criticando, sin más, en su línea habitual y sin hacer la más mínima propuesta constructiva que ayude a corregir lo que tan mal hicieron en un inicio.
