Domingo, 26 de Mayo de 2019

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    Ha dado comienzo el Programa de cribado de cáncer de colorrectal a través de las entidades privadas. Su despliegue se verificará con arreglo a los criterios y el cronograma que se indican a continuación.

    SPJ-USO ha denunciado la falta de personal de justicia en la Costa del Sol, en las regiones de Torremolinos, Marbella y Estepona. En el año 2011 el número de trabajadores en horario de guardia era de 8 trabajadores, pero a partir de 2013 este se ha visto reducido a tan solo 4 trabajadores: un auxiliar, dos tramitadores, y un gestor. Los recortes de las plantillas de funcionarios que prestan el servicio comenzaron a aplicarse a finales de 2011, cuando el servicio sí se prestaba con la totalidad del personal.

    El 25 de abril tuvo lugar, en la sede de los Servicios Centrales de la Mutualidad General Judicial, la constitución de los órganos de control nacidos al amparo del Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial.

    SPJ-USO ha denunciado el empeoramiento del estado de salud de una trabajadora de justicia en Ourense tras su traslado a un nuevo edificio judicial. Se trata de María Teresa Álvarez Fernández, una funcionaria de justicia con más de treinta años de trayectoria. La trabajadora arrastra un pólipo en una cuerda vocal desde hace varios años, pero en la actualidad esta patología le obliga a utilizar una mascarilla para poder desempeñar su trabajo.

    La Generalitat Catalana publica en su intranet oferta para cubrir mediante comisiones de servicio, o nombramiento de refuerzo para interinos, las siguientes plazas:

    SPJ-USO apoya la campaña "SOS Registro Civil"

    Miércoles, 03 de Abril de 2019

    El Registro Civil es un servicio esencial y debe seguir siendo público y gratuito. El reto consiste en modernizar su estructura y funcionamiento, manteniendo la cercanía y gratuidad para el ciudadano, con el personal funcionario que le es genuino; el de la Administración de Justicia.

    El Sector Profesional de Justicia (SPJ-USO), segunda fuerza sindical en Andalucía, denuncia la grave situación de colapso que sufre la jurisdicción de familia en Córdoba capital, así como en la mayoría de localidades cordobesas, y, por tanto, el grave perjuicio que se está ocasionando a los trabajadores y ciudadanos que acuden a esta jurisdicción (divorcios, separaciones, incapacidades, menores, etc.).

    El Senado ha tumbado finalmente, mediante varias enmiendas, los cambios más perjudiciales para los funcionarios de Justicia con los que el borrador de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial había llegado a la Cámara Alta. “Una decisión que desde SPJ-USO celebramos, puesto que los cambios propuestos eran a todas las luces una marginación para los funcionarios. Finalmente, hemos conseguido que se mantengan los actuales centros de destino y otros muchos agravios que pretendían introducirse. Nuestras actuaciones han dado sus frutos”, resume Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.

    El Sindicato Profesional de Justicia de USO exige a los partidos políticos “responsabilidad en el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tener en cuenta a los trabajadores y el servicio al ciudadano, en lugar de estar cambiando cromos y repartiéndose el poder judicial”, critica Javier Toro, secretario general de SPJ-USO. “Resulta llamativo que el actual Gobierno y el saliente estén a la gresca en prácticamente todos los asuntos, y sin embargo acuerden un injusto recorte de los derechos de los funcionarios de Justicia justo antes del reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y que tampoco cuenten para ello con la oposición del socio de Gobierno. Justo los tres partidos que están negociando ese cambio de cromos con los funcionarios de Justicia como rehenes”, continúa Toro.

    SPJ-USO, ha convocado una jornada de huelga el próximo 16 de noviembre contra la reforma del artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que se encuentra en trámite parlamentario, y que recorta los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia.

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