Sábado, 24 de Agosto de 2019

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    La USO, en su constante “defensa a ultranza de nuestro Sistema Público de Pensiones”, tal y como recogemos en la Resolución Programa emanada de nuestro 11º Congreso Confederal y como reivindicación histórica de nuestra organización, considera positivo que el Gobierno contemple al fin variar los años de cotización utilizados para la pensión de cada trabajador, de forma que se circunscriban al mejor período de su vida laboral. Se consigue así que los profundos baches económicos que ha atravesado este país no perjudiquen aún más a la clase trabajadora, ya que son muchos los que han padecido la crisis en el último tramo de su vida laboral y por ello estarán condenados a una pensión depauperada tras haber cotizado por cantidades superiores en largos períodos de sus años activos.

    La inflación sigue castigando la economía familiar tras cerrar 2017 con una subida oficial de los precios del 1,1%. Un IPC que está muy por debajo del inicio de año, con enero y febrero subiendo a un ritmo del 3%, pero que está también por encima de lo que los sueldos pueden soportar.

    Tras la aprobación y entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012, la negociación colectiva no ha hecho más que debilitarse. Así queda patente en la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, que elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y cuyos datos del período enero-diciembre de 2017 determina que se firmaron un total de 1.234 convenios colectivos -de los cuales 932 son de empresa y 302 de ámbito superior-.

    Hasta noviembre, se han registrado 1.003 inaplicaciones de convenios colectivos, que afectan a unos 19.000 trabajadores de todas las comunidades autónomas. En comparación con el mismo período de 2016, las inaplicaciones han bajado un 18,5%, unos 200 expedientes menos.

    La protección laboral de las trabajadoras en situación de embarazo o lactancia es un derecho consagrado por nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución consagra, entre otros derechos, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, así como el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, lo que ineludiblemente incluye también el de velar por estas en supuestos de especial vulnerabilidad, tales como los de embarazo o lactancia ante condiciones de trabajo peligrosas.

    El derecho a la protección de la salud de las personas es un principio rector de cualquier sociedad moderna en la que el bienestar de los individuos que la integran y de la colectividad en su conjunto se configura como una meta ineludible a alcanzar por los poderes públicos. Tal derecho se garantiza en gran medida en el ámbito de las relaciones laborales salvaguardando la integridad física de las trabajadoras y trabajadores a través de una adecuada política de prevención de riesgos laborales.

    España terminó el año 2017 con casi 3 millones y medio de parados, 3.412.781 personas, a pesar del tradicional empujón de diciembre, que ha sido menor que en 2015 y 2016. Analizando la evolución del último quinquenio, que ha terminado año tras año con bajadas en torno a 200.000 desempleados, puede comprobarse que 2017 no ha sido el mentado año de la recuperación. “Lo comenzamos con descensos relativamente fuertes con respecto a 2016. Pero, a la hora de la verdad, cuando termina el verano, la pérdida de empleo fue más pronunciada que en el año anterior y hemos cerrado diciembre con más parados que en julio. Esto demuestra una vez más que no se crea empleo estable, sino temporal y claramente estacionalizado”, lamenta Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la USO.

    USO participa en la Consulta Informe País 2018

    Miércoles, 13 de Diciembre de 2017

    Organizado por la Confederación Europea de Sindicatos, se celebró una reunión el día 5 de diciembre en Bruselas con el jefe de la Unidad de Empleo del Semestre Europeo, Jeroen Jutt, y su equipo y con los sindicatos nacionales de Rumanía, Lituania, Letonia, Italia y España.

    La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel y anunciar el traslado hasta allí de la embajada de su país desde su ubicación actual en Tel Aviv es, para USO, irresponsable y contraria al derecho internacional.

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