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El nuevo Ejecutivo ha modificado el contenido de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a través del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto para dar respuesta efectiva a la asistencia a las víctimas. Concretamente, se ha modificado el artículo 20, para mejorar la asistencia judicial de las víctimas; el artículo 27, para hacer compatibles entre sí las ayudas de la Ley Integral y la Ley de Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de víctima de violencia de género; y el artículo 23.

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El Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado hace casi un año por mayoría del Congreso, ha conseguido financiación para 2018, pasando de los 80 millones anunciados inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado, sin financiación para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a los 200 millones. Tras el cambio de Gobierno y una enmienda del PSOE, el presupuesto ha aumentado en 120 millones, de los que 100 están destinados a las comunidades autónomas y, 20, a las entidades locales.

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Paremos la violencia contra las mujeres

En lo que va de año, 28 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, triste cifra a la que hay que añadir el menor asesinado por su padre en El Ejido (Almería), el cual declaró que cometió el crimen “para hacer daño a la madre”. Continúa en investigación el caso ocurrido en la Orotava (Tenerife), en que la mujer y sus dos hijas fueron asesinadas, y dónde después se suicidó el padre.

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La justicia europea ha vuelto a obligar a que el Gobierno de España modifique un aspecto de nuestra legislación que conllevaba situaciones de discriminación indirecta. En este caso, se trata del cómputo del tiempo cotizado para el cálculo de la duración de la prestación de desempleo en los casos de contratos parciales verticales, que excluye del cómputo los días no trabajados.

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El juzgado de lo Social nº 1 de Logroño ha dictado sentencia favorable a un trabajador que pedía concreción horaria en la reducción de jornada por guarda legal de su hijo menor.

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Con la publicación en el BOE de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, entra finalmente en vigor la ampliación del número de días a los que el trabajador tendrá derecho por paternidad. Pasa así de cuatro a cinco semanas, ampliables en dos días más por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Este permiso, que debió haber entrado en vigor desde el 1 de enero de 2018, ha tenido que esperar no solo a la aprobación de los PGE, sino a su publicación en el BOE. El nacimiento, adopción o acogimiento que dará lugar a este permiso deberá ocurrir a partir de mañana, 5 de julio. De lo contrario, se regirá por la anterior legislación, que recoge solo cuatro semanas.

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La estructura salarial por género muestra claramente la silueta de una tijera abierta, donde la cruz se da ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional, tal y como puede observarse en la gráfica del informe “Salarios y desigualdad”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO. Por debajo del SMI, los porcentajes más altos los representan las mujeres (67,67%) frente a los hombres (32,33%). Es decir, las mujeres que cobran menos del salario mínimo duplican a los hombres. Sin embargo, cuanto más crece la remuneración, más se dispara el porcentaje de perceptores masculinos con respecto al femenino, hasta ser tres hombres por cada mujer en los sueldos que son ocho veces superiores al SMI.

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El Congreso de los Diputados ha respaldado de manera unánime la proposición de ley relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

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El año 2017 cerró con un incremento de las cifras de solicitudes y de aceptación de refugiados. En total, 31.120 solicitudes y 595 personas a las que se les concedió el estatuto de refugiado, y 4.675 a las que se les otorgó algún tipo de protección internacional. Se trata de las cifras más altas desde que existe la ley de asilo, en 1984. Pero esas cifras palidecen si las comparamos con las cifras europeas y las prácticas de asilo en otros países: en Europa, hubo 704.625 solicitudes, de las que 222.560 fueron a Alemania y 128.850, a Italia.

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La revista Mía dedica un reportaje en su número de esta semana al coste que supone para las familias la falta de medidas de conciliación de la vida familiar y profesional. Las familias con un menor o persona dependiente a cargo se enfrentan a un gasto de 1.500 euros mensuales.

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