El Consejo de Ministros aprobó el 2 de julio un Real Decreto que tiene por objeto la creación, composición y régimen de funcionamiento del Observatorio del Empleo Público.
Según fuentes del Ministerio, este órgano es una herramienta de la Planificación Estratégica de Recursos Humanos, que recogerá, analizará y difundirá información sobre la situación actual del empleo en las Administraciones Públicas, y diseñará modelos prospectivos que sitúen al empleo público en condiciones de encarar adecuadamente las necesidades futuras.
Entre sus funciones destacan las de la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos o el seguimiento de la calidad de los servicios y del empleo público.
Se encargará de analizar y formular propuestas y recomendaciones sobre el empleo público del conjunto de las Administraciones Públicas y será un foro de intercambio y de comunicación de información al respecto entre las mismas.
El Observatorio del Empleo Público es un órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, y cuenta con un Pleno con representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de las Entidades Locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Además, participan representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
La composición y funcionamiento del Observatorio permitirá conformar también grupos de trabajo para facilitar su operatividad. Su creación estaba recogida en el “famoso” Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del diálogo social 2010-2012.
Igualmente, en el Consejo de Ministros se aprobó la reducción del máximo de vacantes en los organismos de la AGE del 8 al 5 %. Esta limitación se realizará a través de la amortización o supresión de vacantes de puestos de sus RPT.
La medida afecta a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedarán exceptuados las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.
Este Acuerdo se enmarca dentro de las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno, y la limitación se mantendrá durante todo el período de aplicación del Programa de Estabilidad, que se prolonga hasta 2013.
Desde FEP-USO nos preguntamos qué sentido tiene crear un Observatorio para diagnosticar necesidades en materia de RR.HH. y al mismo tiempo aplicar el tijeretazo a las futuras OEP.
Esperemos que este nuevo Órgano no se convierta en otro chiringuito para contentar, financiar y acallar a nuestros colegas sindicales.