FEP-USO exige a Díaz Ferrán que gobierne su casa Ante las manifestaciones vertidas en las últimas horas por el Presidente de la CEOE proponiendo al Gobierno nuevos ajustes en la función pública, desde FEP-USO le exigimos que antes de recetar soluciones y propuestas a los demás, saque algún conejo de su chistera para solucionar los graves problemas que acucian a sus empresas, y ponga fin al sufrimiento de los más de 2.000 empleados de Viajes Marsans que llevan meses sin percibir sus salarios, a los afectados por la “quiebra” de Air Comet, que aún no han podido recuperar el importe de sus billetes de avión que les permitiría poder ver a una familia a la que hace años que no ven, y a los cientos de miles de ciudadanos de nuestro país que han visto truncadas sus vacaciones veraniegas por la venta fraudulenta de paquetes vacacionales en su grupo de Empresas.

El 14 de julio, aprovechando la coincidencia con el Debate del Estado de la Nación, se reunió la Junta Directiva de la Patronal, con el objetivo de aprobar un paquete de propuestas económicas que al parecer enviarán hoy al Presidente del Gobierno.

El documento, que aún no se ha hecho público, bajo el sugerente título de “Políticas para recuperar la confianza en la economía española” reclama nuevos ajustes en la función pública para evitar la subida de impuestos a las rentas más altas que se viene anunciando desde hace tiempo.

Entre sus ocurrentes sugerencias para la mejora de la función pública destacan:

• Cambio en la estructura de la Administración Pública

• Reducción del número de funcionarios y de las empresas públicas “menos productivos”, y ajustar el recorte de salarios “según la productividad” de cada funcionario.

• Privatización de las televisiones públicas.

• Mayor participación del sector privado en la provisión de servicios públicos en áreas como el suministro de aguas, tratamiento de desechos, transporte por carretera, ferrocarril o sanidad.

• Aumentar el copago farmacéutico e introducir el “ticket” sanitario.

En su osadía, se atreve también a sugerir una nueva vuelta de tuerca a la Reforma Laboral, flexibilizando la contratación y el despido, aumentando la edad de jubilación y revisando la relación entre las contribuciones y los derechos generados para mantener el actual sistema de pensiones.

Según publican hoy diversos medios de comunicación, el caos informático estatal cuesta a los españoles 1.000 millones de euros extra, debido a la falta de una gestión centralizada de los sistemas informáticos de todos los Ministerios, que hasta la fecha se vienen gestionando de forma independiente.

El Informe Reina 2009, elaborado por el Consejo Superior de Administración Electrónica, dependiente del Ministerio de Presidencia, analiza la evolución anual de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado.

De él se extraen conclusiones muy interesantes:

• La cifra de gastos TIC en la AGE durante 2008 alcanzó los 1728 millones de euros (11 % más que en 2007).

• El 74% del total de gastos se concentra en cinco Ministerios: Interior, Trabajo e Inmigración, Economía y Hacienda, Fomento y Defensa. Destaca el importante incremento experimentado por el Ministerio del Interior, casi un 40%, que sitúa a este Departamento en primer lugar de la tabla.

• El total de gastos informáticos fue de 1.335.579. El 38 % de esta cifra corresponde a gastos en servicios informáticos (desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, mantenimiento de hardware y software, etc).

• Los gastos de software (155.338) incluyen la adquisición de software de sistemas y paquetes de aplicación, pero no lo desarrollos a medida, y suponen un 12 % del gasto total.

• Los gastos en sistemas operativos (especialmente de los ordenadores personales) no se desglosan de los gastos de los equipos, y por eso, son imposibles de cuantificar.

• El parque de ordenadores personales se incrementó en el último año-especialmente en el Ministerio del Interior- en casi 15.000 unidades.

• Windows se lleva más del 70 % de los sistemas operativos instalados en los sistemas pequeños.

• Lo mismo ocurre en los ordenadores personales, dónde Linux es totalmente inexistente.

• El número de teléfonos móviles en la AGE se ha duplicado en los últimos tres años. El 42 % de los móviles tienen acceso a Internet.

• El indicador “móviles por 100 empleados públicos” alcanza las cifras más altas en Fomento (40) y Presidencia (37).

• La ratio a nivel global se sitúa en 10 móviles por 100 empleados públicos.

Desde FEP-USO creemos necesario que de una vez por todas se adopten medidas de carácter económico que eviten continuar con el despilfarro de las Administraciones Públicas y por ello venimos exigiendo a la Administración que como medida de ahorro se regule sobre la utilización del software libre, con un doble objetivo:

• Reducir realmente el gasto anual en las AAPP

• Potenciar la investigación y desarrollo en España

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Comunicado FEP-USO Software Libre	[ ]	315 Kb
Informe Reina 2009	[ ]	728 Kb

La evolución del IPC a mitad de año hasta situarse en el 1,5% de tasa interanual -pese a bajar 3 décimas- nos sitúa en un escenario de pérdida real del poder de compra de los ciudadanos: precios más caros con menor crecimiento salarial e incluso con disminución real de los salarios, como consecuencia de las medidas de ajuste del Gobierno.

A ello hay que unir la reciente subida del IVA que no está contabilizada, y de productos básicos como el gas en más del 8%. Todo ello hace que en lugar de ganar liquidez e incentivar el consumo éste se retraiga y produzca un efecto negativo que retrasará más nuestra recuperación económica.

USO rechaza las recientes subidas de los productos energéticos, y se pregunta para cuándo el Gobierno va a abordar soluciones al déficit de los hogares y ciudadanos españoles, especialmente del los 1.400.000 que no perciben prestaciones o subsidios por desempleo o tienen todos sus miembros en paro, en lugar del déficit tarifario de las eléctricas, anunciando para el próximo otoño una nueva subida del recibo de la luz.

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IPC a Junio de 2010

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La Confederación Europea de Sindicatos (CES) manifestó su inquietud sobre el Libro Verde concerniente al futuro de las pensiones, hecho público ayer por la Comisión Europea.

La CES apela a los Ministros de Empleo y de Asuntos Sociales reunidos en Bruselas, en el seno del Consejo de Empleo, Asuntos sociales, Salud y Consumidores (EPSCO) que reconozcan el principio de solidaridad tanto en los regímenes públicos como en los regímenes complementarios o profesionales, con el fin de asegurar un derecho a una vida digna e independiente a los pensionistas, como garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La CES añade que la Comisión se equivoca. La apuesta debe de ser garantizar la adecuación y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y no alargar la edad de la jubilación, como John Monks, Secretario General de la CES recordó ayer ante el Consejo informal de EPSCO, en respuesta a la propuesta de la Comisión Europea.

Más aún cuando los empresarios no permiten mantener en el empleo a los trabajadores hasta la edad legal actual de la jubilación y no crean condiciones de nuevas contrataciones para los jóvenes.

John Monks declaró: "las políticas que vemos poner en práctica hoy son políticas que van en dirección incorrecta, otorgando a las empresarios reducciones fiscales y de cotizaciones sociales, con el pretexto de favorecer el empleo. Lo que conviene hacer es garantizar los recursos actuales echando mano del conjunto de los incentivos económicos y en particular los incentivos financieros ".

Calificó de "irrealista" la propuesta. "Sería más útil que la Comisión indicara que los trabajadores puedan conservar su empleo hasta la edad de jubilación". Y se preguntó "¿dónde está la prueba de que los empresarios quieren mantener a los trabajadores de más edad?".

La CES también destaca los principios fundamentales de los sistemas de pensiones: la mayor parte de las rentas de la jubilación debe reposar en sistemas basados en la solidaridad interna y entre las generaciones y debe ser garantizado por los poderes públicos, conforme al Convenio 102 de la Organización internacional del Trabajo. En efecto, para la CES, la finalidad de los sistemas de pensiones es garantizar una vida decente a la gente jubilada, no sostener mercados financieros.

Según afirma una reciente sentencia del Tribunal Supremo, La Administración Pública empleadora podrá trasladar a sus trabajadores y trabajadoras a otro centro de trabajo de la misma empresa, cuando no suponga cambio de residencia, ni de categoría o grupo profesional, en los mismos supuestos y condiciones que un empresario privado.

Únicamente deberá dictar una resolución administrativa motivada. No será ni tan siquiera necesario acreditar las circunstancias invocadas para efectuar el cambio, siempre que su actuación se ajuste estrictamente a la legalidad, no incurra en abuso de derecho o fraude de Ley ni vulnere derechos fundamentales.

Afirma el Tribunal que el cambio de centro de trabajo efectuado en el ámbito de una misma localidad no reviste esencialidad, sino cualidad accesoria, porque, manteniéndose en su integridad el resto de las condiciones de trabajo de los afectados, la posible mayor onerosidad que pudiera determinar el desplazamiento al nuevo centro era escasa o muy relativa en la significación económica del contrato.

La Sentencia, dictada en unificación de doctrina, considera que el traslado de centro de trabajo sin cambio de domicilio y respetando la categoría y funciones, se debe de considerar una modificación accidental de las condiciones de trabajo y encuadrable dentro de la potestad organizativa del empresario y/o AA.PP.

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Texto íntegro de la Sentencia

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Siguiendo el mandato del IX Congreso Confederal en su Programa de Acción y el compromiso de USO con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desde la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de USO se está realizando una Guía Buenas Prácticas en RSE con la empresa Media Responsable a través de una subvención del Ministerio de Trabajo.

Para elaborar una parte de esta guía, queremos recabar la opinión y conocimientos sobre esta materia de nuestra afiliación, delegados y delegadas, cuadros y dirigentes.

Solicitamos vuestra colaboración, para que rellenéis la siguiente encuesta, simplemente hay que hacer doble clic en el enlace y rellenarla:

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=758227

El plazo máximo de fin de respuesta es el 12 de julio.

Os agradecemos vuestra colaboración.

FEP-USOC ha obtenido unos excelentes resultados en las elecciones sindicales celebradas en la Residencia Fundación Francesc Layret de Barcelona, al lograr 3 Delegadas de las tres posibles, siendo la primera vez que concurríamos a un proceso electoral en dicha Empresa.

Esto nos demuestra una vez más que con nuestro proyecto sindical y un buen trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras se pueden obtener excelentes resultados.

Nuestras felicitaciones todos/as los afiliados/as y compañeros y compañeras que han hecho posible este magnífico resultado.

¡MUCHAS FELICIDADES!

El pasado 5 de julio, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, hemos presentado Recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas.

La pretensión fundamental de este Recurso es obtener la nulidad de la Resolución, entre otros motivos, por haber sido dictada en aplicación de un Real Decreto inconstitucional que vulnera el derecho a la negociación colectiva reconocido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el EBEP, al no haberse negociado con las organizaciones sindicales y afectar a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los empleados públicos.

Apoyado en numerosa jurisprudencia, el recurso presentado por la USO se basa en que no es posible disminuir el montante consolidado de las retribuciones salariales, porque opera el concepto de “derechos adquiridos”, como avalan las sentencias que adjuntamos.

También creemos que ha existido una vulneración del articulo 9.3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las Leyes, así como del articulo 14, que garantiza el principio de igualdad.

Por ello, en la propia demanda solicitamos al Tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Creemos que ha habido una grave y flagrante vulneración del Texto Constitucional ya que el mismo se ha adoptado en ausencia de extraordinaria y urgente necesidad, y además afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos al discriminar por sus circunstancias personales a unos empleados públicos respecto a otros (Grupo/ Subgrupo de clasificación, Puesto de Trabajo, Nivel de Complemento de destino, etc, etc.

En los próximos días, presentaremos recursos similares contra todas las Resoluciones dictadas por las CC.AA, Entes Locales y demás AAPP que hayan acordado reducciones salariales.

El Consejo de Ministros aprobó el 2 de julio un Real Decreto que tiene por objeto la creación, composición y régimen de funcionamiento del Observatorio del Empleo Público.

Según fuentes del Ministerio, este órgano es una herramienta de la Planificación Estratégica de Recursos Humanos, que recogerá, analizará y difundirá información sobre la situación actual del empleo en las Administraciones Públicas, y diseñará modelos prospectivos que sitúen al empleo público en condiciones de encarar adecuadamente las necesidades futuras.

Entre sus funciones destacan las de la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos o el seguimiento de la calidad de los servicios y del empleo público.

Se encargará de analizar y formular propuestas y recomendaciones sobre el empleo público del conjunto de las Administraciones Públicas y será un foro de intercambio y de comunicación de información al respecto entre las mismas.

El Observatorio del Empleo Público es un órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, y cuenta con un Pleno con representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de las Entidades Locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, participan representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

La composición y funcionamiento del Observatorio permitirá conformar también grupos de trabajo para facilitar su operatividad. Su creación estaba recogida en el “famoso” Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del diálogo social 2010-2012.

Igualmente, en el Consejo de Ministros se aprobó la reducción del máximo de vacantes en los organismos de la AGE del 8 al 5 %. Esta limitación se realizará a través de la amortización o supresión de vacantes de puestos de sus RPT.

La medida afecta a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedarán exceptuados las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.

Este Acuerdo se enmarca dentro de las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno, y la limitación se mantendrá durante todo el período de aplicación del Programa de Estabilidad, que se prolonga hasta 2013.

Desde FEP-USO nos preguntamos qué sentido tiene crear un Observatorio para diagnosticar necesidades en materia de RR.HH. y al mismo tiempo aplicar el tijeretazo a las futuras OEP.

Esperemos que este nuevo Órgano no se convierta en otro chiringuito para contentar, financiar y acallar a nuestros colegas sindicales.