El pasado 25 de enero, el nuevo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en su primera intervención ante el Congreso de los Diputados, anunció las reformas que el Gobierno tiene previsto acometer en el ámbito de la Justicia.

Un conjunto de medidas más efectistas que efectivas, a juicio de la mayoría de los expertos, que anunció con el propósito de conseguir “el máximo consenso posible” y de “tender puentes, escuchar a todos los grupos políticos, operadores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales, dialogar con ellos y llevar a buen puerto las reformas legislativas esenciales”.

Parece que para el Sr. Gallardón no existen los compañeros y compañeras que realizan diariamente su trabajo al servicio de la Administración de Justicia.

El Ministerio tiene intención de emprender seis nuevos proyectos legislativos de gran calado así como la reforma de varias leyes procesales, con el fin de introducir la pena de “prisión permanente revisable”, modificar la Ley del Menor y  el enjuiciamiento de los delitos graves que por éstos se cometan, la reforma de la Ley del Aborto y la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia.

Entre los nuevos proyectos legislativos destacan, por su importancia:

• Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que reformará el sistema de elección de vocales
• Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial
• Nuevo Código Mercantil
• Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
• Nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria
• Nueva Ley de Mediación

También prevé abordar con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia de forma coordinada con el Ministerio del Interior, así como la introducción de un sistema de juicios rápidos en el orden civil, a semejanza del existente en la actualidad en el ámbito penal.

Asimismo, y en relacion a la implantación de tasas judiciales y la asistencia juridica gratuita, se va a solicitar acreditar insuficiencia de medios en los recursos y se volverá a revisar el requisito de insuficiencia de medios cuando en justicia gratuita se acuda a la segunda instancia.

Igualmente, y para una mejor coordinación informática de las CCAA con competencias transferidas, se creará una agencia estatal que articule todo el sistema informático, una red para conocer los asuntos judiciales.

Está estudiando eliminar la inhabilidad del mes de agosto.