La Audiencia Nacional reitera el derecho de USO a promover cursos de formación continua y condena en costas al Gobierno, UGT, CC.OO. y CSIF. Además, en la fase de ejecución de la sentencia, USO deberá ser indemnizada por los daños y perjuicios causados.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de dictar una nueva sentencia, reconociendo “el derecho que asiste a USO de poder ser promotor de planes de formación y beneficiario de las ayudas y subvenciones correspondientes”, al tiempo que declara “la nulidad de los términos “firmantes del III AFCAP” y “-organizaciones- representadas en el Consejo Superior de la Función Pública” en el texto de las resoluciones administrativas. Estos últimos términos, son precisamente los argumentos –o más bien las excusas-, que han utilizado e inventado el Ministerio de Administraciones Públicas y los otros sindicatos para proseguir con una política de monopolio en la Formación Continua del sector público español, después de que el Tribunal Supremo declarase nulos los términos “firmantes” y “más representativos” del I y II AFCAP (Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas)

NO es admisible la presión indirecta para la afiliación de los trabajadores a determinados sindicatos

Entre los fundamentos jurídicos, la Audiencia Nacional recuerda las sentencias dictadas al respecto, en el año 2005 por el Tribunal Supremo, y en el año 2006 por la propia Audiencia, incorporando los criterios de resoluciones del Tribunal Constitucional en las cuales se declaraba “…que conculca la libertad sindical el criterio de la mayor representatividad como criterio exclusivo y excluyente para determinar el acceso de las organizaciones sindicales a unas subvenciones públicas cuya finalidad era susceptible de incardinarse dentro de los fines de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que se atribuyen por la Constitución Española a todos los sindicatos sin distinción”. “Y ello porque este tipo de subvenciones tiene incidencia en el orden competitivo entre los sindicatos, de modo que si fueren destinadas en exclusiva a los situados en el vértice según los resultados en las elecciones, situaría a éstos en una posición superior a los demás para ofrecer mejores servicios a los trabajadores, más allá de los medios propios de que dispongan y de cualquier criterio que tome en consideración la proporcionalidad de los resultados de las elecciones o los costes que pueden suponerles la participación en el ejercicio de funciones públicas o cualquier otro extremo que se justifique como no discriminatorio, produciéndose, además, una inducción o presión indirecta para la afiliación de los trabajadores a determinados sindicatos”

La sentencia ahora publicada es un varapalo contra el primer reparto de subvenciones para formación continua en las Administraciones Públicas realizado por el Ministro Jordi Sevilla, tras acceder el PSOE al Gobierno de España; si bien el PP había hecho lo propio en sus dos legislaturas anteriores:

Además, en la fase de ejecución de la sentencia, USO deberá ser indemnizada por los daños y perjuicios causados, puesto que el dinero ha sido ya repartido y gastado.

También, lo novedoso de esta resolución judicial es que, por primera vez, la sala condena en costas al Estado, a CCOO, a la UGT y a la central de funcionarios CSI-CSIF. En opinión de la Federación de Empleados Públicos de USO, promotora del recurso, ello probablemente tiene que ver con el hartazgo de los Tribunales al comprobar que las partes hacen caso omiso de las reiteradas sentencias sobre el mismo asunto.