El Tribunal Supremo afianza su jurisprudencia sobre Formación Continua en las Administraciones Públicas, dando la razón a USO.
Una tras otra, y sin parar, van siendo aceptadas por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional las numerosas demandas que la Federación de Empleados Públicos de USO (FEP-USO) ha venido presentando año tras año, desde hace ya más de una década, contra el sistema de formación continua en las Administraciones Públicas. El varapalo jurídico que constantemente reciben el Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos siemprefirmantes (CCOO, UGT y CSI-CSIF) pone de relieve la ilegalidad de un sistema en el que sólo unos privilegiados sindicatos pueden ser promotores de cursos de formación y recibir las ayudas correspondientes para ello.
En esta ocasión ha sido nuevamente el Tribunal Supremo quien ha reconocido como válidos los fundamentos jurídicos del Área de Derecho Administrativo del Gabinete Jurídico Confederal de USO, dictando una nueva sentencia favorable en materia de Formación Continua en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Efectivamente, ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, quien ha dictado una nueva Sentencia por la que se declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por USO contra la Sentencia de 8 de marzo de 2000 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y, en consecuencia, anula dicha Sentencia que originariamente había sido desfavorable.
Asimismo, se estima el recurso contencioso-administrativo deducido en la instancia por USO contra la Orden de 27 de febrero de 1998, del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se aprobaban las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación en el marco del II Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996, anulando por ser contrarios a Derecho, los incisos “firmantes”, relativos a los sindicatos, de los artículos 1.2 y 4.1.d) de la Orden recurrida.
Poco a poco, al ir ganando todas las Sentencias de las demandas planteadas desde hace muchos años, USO está consiguiendo atacar un monopolio cuyos oscuros intereses están al servicio de fomentar el clientelismo sindical entre los empleados públicos, así como, de servir de fuente de financiación para las centrales sindicales mediante las ingentes cuantías que se manejan.
A este respecto, cabe recordar que, en materia de Formación Continua en el ámbito de las Administraciones Públicas, USO mantiene su propuesta de que sean las propias Administraciones u organismos los que gestionen la totalidad de los fondos de formación, si bien en esa función siempre deban contar con el control y la participación de las organizaciones sindicales.