La Confederación Sindical Internacional CSI ha condenado los ataques contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras que representan las actuales imposiciones al Gobierno griego por parte de la Unión Europea y el FMI.
El movimiento sindical internacional insta en cambio a todas las partes involucradas a emprender un diálogo genuino capaz de fomentar una recuperación económica para Grecia basada en el consenso.
El FMI y la Unión Europea quieren imponer a Grecia, entre otras condiciones, que aplique una desregulación de los derechos laborales en el sector privado, una mayor flexibilidad salarial incluyendo reducciones en el salario mínimo, cambios legislativos para facilitar la reducción de plantilla y otras formas de interferencia en los procesos de negociación colectiva libremente determinados.
“La CSI considera que esto resulta totalmente inaceptable”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
“El diálogo social legítimo y los derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente se han dejado de lado. Lejos de lograr una recuperación del empleo, esto condenaría a Grecia a años de mayor austeridad, acompañada de un incremento en el desempleo, la informalidad y la inseguridad en el lugar de trabajo”.
En una carta remitida al FMI, la OIT y las autoridades griegas, la CSI pide a las organizaciones involucradas y al Gobierno que dejen de intentar imponer las reformas actualmente propuestas y en su lugar se aspire a un diálogo productivo basado en una estrategia que promueva el crecimiento, a fin de lograr un recuperación cimentada en el consenso para Grecia.
“Las instituciones internacionales y el Gobierno griego están destruyendo el diálogo social, los convenios colectivos y la seguridad de ingresos y en el empleo”, añadió Sharan Burrow.
“Atentan contra las bases de la democracia. La CSI manifiesta su apoyo a los trabajadores y trabajadoras en Grecia y en cualquier otro lugar donde sus derechos estén siendo atacados.”
Aunque aún no hay cifras oficiales, los sindicatos griegos consideran que la huelga general ha sido secundada por una amplia mayoría de trabajadores y trabajadoras, cifrando el seguimiento en un 80 % de los trabajadores del sector privado y un 90 % de los funcionarios.
La huelga fue convocada en protesta por las nuevas exigencias de la “troika” que pretende nuevas y drásticas reducciones salariales, de pensiones y del gasto social, a cambio de un segundo rescate que evite la quiebra.
También la CES mostró su apoyo a la huelga general en Grecia contra las medidas de austeridad exigidas por los acreedores de Grecia (la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional).
El Comité Directivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en reunión del 7 de febrero, expresó su apoyo a la huelga general griega, convocada por las dos centrales sindicales del país, GSEE y ADEDY, ambas afiliadas a la CES.
Bernadette Ségol, Secretaria General de la CES manifestó que "el nuevo paquete de austeridad que está siendo discutido para evitar la quiebra de Grecia es inaceptable. Los trabajadores griegos y los ciudadanos han sido empujados hasta el límite de lo que es aceptable en términos de restricciones. Los sucesivos planes de austeridad han sumido al país en una crisis más profunda. Las nuevas medidas que se barajan simplemente no son defendibles: reducción del salario mínimo, recortes en las pensiones complementarias y recortes inmediatos de empleos en el servicio público. La legislación laboral está siendo burlada y los hombres y las mujeres están siendo aplastados en el proceso. Los trabajadores no pueden aguantar más ".
Grecia prevee también un nuevo despido de 15.000 funcionarios públicos en aplicación de las nuevas medidas.