Vie05182012

Actualizado11:42:28 AM

Administración Autonómica

Justicia: Recortes en la prestación del servicio en Andalucía

SPJ-USO denuncia que personal ajeno realiza funciones exclusivas de Justicia

En un comunicado de prensa, SPJ-USO en Andalucía denunció que en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, los vigilantes de seguridad del centro se encargan de la recepción de los cadáveres, mientras una integrante del servicio de limpieza y dos auxiliares de laboratorio están desempañando funciones de funcionario de Justicia.

En el comunicado, SPJ-USO denuncia que la recepción de cadáveres, que "tienen la consideración de pruebas judiciales" están a cargo de los vigilantes de seguridad a partir de las 22,00 horas, cuando concluye el turno de guardia de los funcionarios destinados en el IML.

SPJ-USO denuncia que los trabajadores del IML son obligados a trabajar "en turnos de mañana o tarde sin ninguna cobertura legal y con un régimen de libranzas no negociadas y ajenas al régimen de jornada y horarios legales".

Todo ello "para ahorrarse los costes que supone establecer un sistema adecuado de guardias que permita dar el servicio público que demanda una ciudad como Sevilla".

Según SPJ-USO la Administración andaluza ha impuesto unas guardias de permanencia hasta las 22 horas, a partir de las cuales el trabajo es realizado por los vigilantes privados, "a los que se obliga a hacerse cargo de los cadáveres así como a atender a los familiares de los fallecidos".

Esta denuncia se une también a las provocadas por los recortes de personal en el servicio de guardia de los Juzgados de Instrucción de Marbella (Málaga), dónde la Junta de Andalucía ha comunicado su intención de recortar a la mitad el personal que realiza el servicio esencial de guardia, pasando de ocho a cuatro funcionarios.

La postura ha sido criticada igualmente por la Junta de Jueces, que creen que de persistir, se produciría "una situación absolutamente insostenible en el correcto desempeño del servicio en un partido judicial tan complicado, conflictivo y difícil como el de Marbella", y "afectaría gravemente a los derechos fundamentales".