
En BOE de 3 de mayo se publica Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Acuerdo alcanzado el pasado 10 de marzo entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT y STAJ.
El Acuerdo suscrito tiene por objeto la implantación de la Nueva Oficina Judicial en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y la modificación de las relaciones de puestos de trabajo de las ciudades incluidas en la primera fase de despliegue de la misma.
En esta primera fase, las ciudades “afectadas” son: Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Melilla, Murcia, Logroño y Palma de Mallorca.
SPJ-USO puso ya de manifiesto una serie de «anomalías» detectadas en los juzgados cordobeses que dificultarán la entrada en vigor -prevista para hoy- de las reformas procesales para implantar la nueva Oficina Judicial.
No se han actualizado las herramientas informáticas conforme a esta reforma, lo que denota, una vez más, la improvisación de la Administración.
Además, los funcionarios no han recibido aún la formación adecuada para adaptar sus conocimientos a esta gran modificación legislativa.
SPJ-USO también critica que las funciones que se asignarán a cada cuerpo de funcionarios continúan siendo muy genéricas, sin conseguir que se concreten cuáles son los cometidos a realizar, lo que supone un cheque en blanco para la Administración de utilizarnos a su antojo.
Cabe recordar que la nueva Oficina Judicial se implantará de manera progresiva y su finalidad es agilizar y modernizar la Administración de Justicia y prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
SPJ-USO ha visitado un gran número de órganos judiciales en Andalucía y ha podido comprobar, que a 24 horas de la entrada en vigor de las nuevas reformas procesales, no se han actualizado las herramientas informáticas (el programa de gestión Adriano) utilizado en los órganos judiciales de toda Andalucía.
Esta disfunción creará retrasos en el desarrollo de la actividad judicial diaria, ya que supone que los funcionarios deben pararse a crear dichos formularios nuevos que afectan a un gran número de actos procesales. Además, los funcionarios de justicia no han recibido, aún, la formación adecuada para adaptar sus conocimientos a esta gran reforma legislativa.
En previsión de las posibles anomalías o disfunciones que pudieran surgir, SPJ-USO esta realizando una campaña de información en todos los órganos judiciales.
Una vez más, los FUNCIONARIOS/AS JUDICIALES seremos los responsables de sacar una REFORMA ADELANTE sin la debida formación previa que la Administración está obligada a impartir.









