Administración Autonómica
El TSJA estima la demanda presentada por USO contra la Ley del Enchufismo en Andalucía
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- Categoría padre: Noticias FEP
- Fecha de PublicacióJueves, 19 Enero 2012 10:19
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia a favor de la Unión Sindical Obrera y contra la Ley 1/2011, de Reordenación del sector público andaluz, conocida como “Ley del Enchufismo” de la Junta de Andalucía.
La sentencia anula la integración del personal de la extinta empresa pública Egmasa -3.711 trabajadores- en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).
Esta es la segunda sentencia del TSJA que anula el punto más polémico de la reforma de la Junta, que es la integración del personal de las empresas públicas y otros entes instrumentales en las nuevas agencias.
De las ocho agencias creadas, ya hay dos con fallos que declaran la nulidad de la integración de los trabajadores procedentes de la conocida como administración paralela de la Junta.
La reciente sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla, acoge la argumentación del primer fallo e insiste en que el "acceso privilegiado" de los trabajadores de la 'administración paralela' a las nuevas agencias públicas supone un "desprecio al Estado de Derecho" y una "flagrante vulneración de derechos fundamentales".
Recientemente, ha habido más de media docena de pronunciamientos judiciales también contrarios a la Junta, aunque en esos casos se trata de medidas cautelares, que paralizan la integración del personal de forma provisional hasta que haya sentencia firme.
Lo novedoso de esta nueva Sentencia, ganada por USO, es que no se refiere a medidas cautelares, sino que directamente "declara la nulidad" de la disposición adicional del decreto por el que se aprueban los estatutos de la nueva Agencia, que depende de la Consejería de Medio Ambiente.
En el pleito impulsado por la Unión Sindical Obrera (USO) también está personado UGT, pero alineándose a las tesis de la Junta de Andalucía.
Para USO, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha venido a decir “alto y claro” que la reordenación del sector público andaluz vulnera los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española y en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
La “antidemocrática” reordenación del sector público andaluz tiene por objetivo la reconversión en empleados públicos de unos 25.000 trabajadores –la Junta nunca ha dado el número exacto y no ha paralizado nuevas contrataciones- procedentes del conglomerado de más de 300 organismos que conforman la “Administración paralela”.
Esta integración privilegiada ha duplicado la plantilla global de personal y, con ello, el correspondiente capítulo de gasto, en una situación de crisis que podrá tener nefastas consecuencias para el empleo en el sector en breve.
En una reciente reunión de representantes de las plataformas y asociaciones celebrada en Córdoba se ha acordado nuevas movilizaciones para el próximo mes de febrero, a las que USO se sumará nuevamente ofreciendo todo su apoyo y colaboración a los compañeros y compañeras de la Junta de Andalucía.