La Sección Sindical de USO-UEx, denuncia la privatización continua de diferentes servicios.

En un comunicado, nuestra Sección Sindical propone, igualmente, una serie de medidas para contrarrestar el recorte en los presupuestos de la Universidad de Extremadura.

Desde USO creemos que es ciertamente lamentable que una parte importante del presupuesto público de la UEx, se destine para privatizar servicios que debieran ofrecerse por la propia Universidad, con personal propio.

Es digno de mención los contratos de servicios adjudicados a la empresa OCU (Oficina de Cooperación Universitaria), con el consiguiente desembolso que realiza la UEx, teniendo en cuenta que la propia Universidad cuenta con un Servicio de Informática, una Vicerrectora de Universidad Digital, un Vicegerente de Innovación y Nuevas Tecnologías, por lo que concluimos que este hecho es algo desproporcionado.

La Sección Sindical de USO-UEx entiende que esta política de privatizaciones solo podrá generar una menor estabilidad en el empleo y, lo que aún es peor, una mayor desidia, apatía y desilusión en los trabajadores y trabajadoras de la UEx.

Por otra parte, aunque el equipo de gobierno de la UEx, al igual que hizo la Junta de Extremadura con ella, no ha facilitado la participación de la comunidad universitaria en la confección del anteproyecto de presupuestos 2012, la Sección Sindical de USO-UEx ha elaborado una batería de medidas para contrarrestar el recorte de la partida presupuestaria que la Junta ha destinado a la UEx.

El pasado 30 de enero, en un emotivo acto, los compañeros y compañeras de FEP-USO en Baleares rindieron un sincero homenaje al compañero Pedro Manera, con motivo de su jubilación.

En el acto, que contó con la presencia del Secretario General de FEP-USO, Luis Deleito y otros miembros de la Ejecutiva Federal, se hizo entrega de una placa al compañero Pedro, por sus 25 años de labor desinteresada como afiliado y entusiasta militante de nuestra organización, la Unión Sindical Obrera.

Desde FEP-USO queremos expresar desde aquí nuestro reconocimiento a su labor, ya que siempre nos ha demostrado, a la largo de su dilatada trayectoria sindical, una gran entrega y entusiasmo, contribuyendo con su trabajo a crear una sociedad más justa, más libre, más solidaria, dentro del proyecto de la USO.

En el transcurso de la comida celebrada con todos los compañeros y compañeras de la sección sindical de USO-Caib se homenajeó igualmente a la compañera Joana Luisa Monserrat con motivo de su jubilación.

Gracias una vez más por vuestro ejemplo, colaboración y amistad.
Y.. hasta siempre !!!

La Vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega en su última comparecencia ha anunciado los nuevos recortes a los trabajadores y trabajadoras interinos de la Administración en Catalunya.

La medida afecta a 7103 trabajadores de los 28031 interinos y supone una reducción salarial del 15%, traducida mediante recortes de la jornada diaria, en aproximadamente 1 hora, durante los dos próximos años.

El ajuste afectará, por ahora a personal administrativo y técnico y supondrá un ahorro de 32 millones durante este ejercicio presupuestario.

La medida entrará en vigor el 16 de febrero, 24 horas después de la aprobacion de los presupuestos catalanes en el Parlament -al parecer con el voto favorable del PP- aunque los trabajadores y trabajadoras no lo notaran hasta la nomina de marzo.

Para FEP-USOC estas medidas, junto a las tomadas anteriormente, suponen un retroceso de más de 20 años en los derechos laborales y salariales de los empleados y empleadas públicos.

La propuesta inicial era de reducir en un 33% la jornada laboral y los salarios, por lo que aún tendremos que estar agradecidos al gobierno de CIU y PP  por su “generosidad” con los trabajadores y trabajadoras.

De esta medida quedan excluidos, en un principio, los “Mossos d’Esquadra”, los docentes y el personal sanitario, así como bomberos, agentes rurales veterinarios de mataderos y agentes penitenciarios, pero ésto no significa que queden al margen de los recortes, ya que sus nuevas condiciones laborales y salariales se están negociando estos días en sus respectivas Mesas de Negociación.

Otra vez más, las medidas anunciadas se han decidido sin el apoyo de las organizaciones sindicales, ya que las negociaciones con la Generalitat para consensuar los recortes se rompieron el pasado mes de diciembre.

El pasado 23 de enero se celebró reunión de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para tratar las retribuciones para el año 2012 y las ayudas sociales para el personal laboral.

En cuanto a las retribuciones, la Administración manifestó que, dado el contexto actual (Decreto-Ley20/2011 del Estado) está “obligada”, entre otras medidas, a congelar las retribuciones de los empleados y empleadas públicos y a suprimir la aportación a los Planes de pensiones.

Otra  novedad destacada es que, desgraciadamente y porque la Administración quiere, se suprime la cantidad que se venía pagando como incentivo a la jubilación anticipada del personal funcionario.
Se mantiene en el caso del personal laboral por estar contemplada en el vigente Convenio Colectivo.

La Administración manifestó que desconoce todavía a que va a  destinar el dinero que se aportaba al Plan de pensiones y que por el Decreto Ley se suprimió.
Desde FEP-USO pedimos que esa cantidad se emplee en beneficio de los empleados públicos y no se transfiera a otras partidas.

Respecto a las ayudas sociales para el personal laboral, la Administración nos informó que dispone de la cuantía correspondiente para la convocatoria de las ayudas para el curso escolar 2010/11 para el personal laboral (se mantiene el 0.60% de la masa salarial) ya que lo tienen reconocido por sentencia.

Sin embargo, para el personal funcionario,  no hay nada reservado, y en caso de que la sentencia pendiente obligue a convocar las ayudas habilitará el crédito necesario.

Se indicó que las ayudas sociales son otro ejemplo más de desigualdades dentro del personal de la Administración por lo que pedimos que se convocasen para el personal funcionario.

También se pidió que no se retrasasen tanto las convocatorias de las ayudas.
La Administración reconoció que debe de haber más homogeneidad a la hora de convocarlas.
Las previsiones que baraja es convocar las ayudas sociales para laborales durante este trimestre para el curso 2010/11 y a finales de año las del curso 2011/12.

Desde FEP-USO nos oponemos a otra congelación que implica mantener las mismas retribuciones de hace 5 años.

Esta nueva congelación salarial, unida al incremento de las cotizaciones sociales y el incremento del IRPF (también obligatoriamente por el referido Decreto-Ley), y teniendo que hacer frente a la continua subida del IPC y de otros impuestos y tasas, supone que los empleados públicos ingresaremos menos salario en la nómina, lo que se convierte en otra bajada de salario, que a diferencia de la del año 2010, ahora, además, es encubierta, suponiendo más pérdida de poder adquisitivo, y a lo que se añade, también, el recorte en las plantillas, con el consiguiente incremento del paro y el  aumento de la carga de trabajo.

En resumen más trabajo y menos ingresos. De nuevo, decretan que somos los que debemos ayudar a arreglar una situación que nosotros no hemos originado.

Por ello, desde FEP-USO exigimos a la Administración del Principado de Asturias a que, dentro del ámbito competencial, adopte medidas encaminadas a paliar este injusto desequilibrio retributivo.

Más información en: http://fepusoasturias.blogspot.com/

La Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana convoca una Manifestación en protesta por los recortes de la Generalitat.

La marcha, que se celebrará en Valencia el próximo 26 de enero, saldrá de San Agustín a las 18.00 horas.

En un Comunicado, USOCV hace un llamamiento a toda la ciudadanía, ante la agresión que supone el Decreto Ley 1/2012, y en protesta por el altísimo coste económico de los despilfarros y extravagancias de los gobernantes y políticos en general que ahora, además, pretenden que la población valenciana pague de sus bolsillos los costes de sus abusos y su incompetencia.

En él se insta a todos los trabajadores y trabajadoras, afiliados o no, a participar en cuantos actos reivindicativos y de protesta sean convocados con el fin de conseguir la derogación del citado decreto, de dudosa legalidad y claramente antidemocrático.

Desde FEP-USOCV se apela a una masiva participación en la Manifestación convocada.

Es hora de movilizarnos y luchar juntos contra la expoliación de nuestros derechos, no sirve el “porque yo no vaya no se va a notar”.

¡¡ LA LUCHA ES DE TODOS Y EN DEFENSA DE TODOS !!

Más información en: www.usocv.org

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Más de 30.000 personas mostraron en el Parlament el rechazo a los recortes de la Generalitat

El pasado 18 de enero, más de 30.000 personas se han manifestado en Barcelona convocados por la Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC) conjuntamente con el resto de organizaciones sindicales representativas de los sectores públicos, contra la política de recortes presupuestarios y de personal que impulsa el gobierno de la Generalitat.

Los recortes son un ataque frontal contra el Estado del Bienestar, empeoran la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

Jaume Castán, Secretario general de la Federación de Empleados Públicos de la USOC (FEP-USOC) ha denunciado que "somos la clase trabajadora y, con especial intensidad, los parados y los trabajadores de los sectores públicos los que estamos aguantando el peso de los recortes. Es injusto y rechazamos estas políticas que sólo plantean alternativas de destrucción de servicios públicos, pérdida de calidad y precarización.

Una delegación de los sindicatos convocantes se entrevistó, al término de la manifestación, con representantes de los grupos del Parlamento de Cataluña a los que han hecho entrega del manifiesto conjunto.

Vídeo de la protesta: Canal Youtube USOC

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Fotos de la manifestación

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia a favor de la Unión Sindical Obrera y contra la Ley 1/2011, de Reordenación del sector público andaluz, conocida como “Ley del Enchufismo” de la Junta de Andalucía.

La sentencia anula la integración del personal de  la extinta empresa pública Egmasa -3.711 trabajadores- en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).

Esta es  la segunda sentencia del TSJA que anula el punto más polémico de la reforma de la Junta, que es la integración del personal de las empresas públicas y otros entes instrumentales en las nuevas agencias.

De las ocho agencias creadas, ya hay dos con fallos que declaran la nulidad de la integración de los trabajadores procedentes de la conocida como administración paralela de la Junta.

La reciente sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla, acoge la argumentación del primer fallo e insiste en que el "acceso privilegiado" de los trabajadores de la 'administración paralela' a las nuevas agencias públicas supone un "desprecio al Estado de Derecho" y una "flagrante vulneración de derechos fundamentales".

Recientemente, ha habido más de media docena de pronunciamientos judiciales también contrarios a la Junta, aunque en esos casos se trata de medidas cautelares, que paralizan la integración del personal de forma provisional hasta que haya sentencia firme.

Lo novedoso de esta nueva Sentencia, ganada por USO, es que no se refiere a medidas cautelares, sino que directamente "declara la nulidad" de la disposición adicional del decreto por el que se aprueban los estatutos de la nueva Agencia, que depende de la Consejería de Medio Ambiente.

En el pleito impulsado por la Unión Sindical Obrera (USO) también está personado UGT, pero alineándose a las tesis de la Junta de Andalucía.

Para USO, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha venido a decir “alto y claro” que la reordenación del sector público andaluz vulnera los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española y en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La “antidemocrática” reordenación del sector público andaluz tiene por objetivo la reconversión en empleados públicos de unos 25.000 trabajadores –la Junta nunca ha dado el número exacto y no ha paralizado nuevas contrataciones- procedentes del conglomerado de más de 300 organismos que conforman la “Administración paralela”.  
Esta integración privilegiada ha duplicado la plantilla global de personal  y, con ello, el correspondiente capítulo de gasto, en una situación de crisis que podrá tener nefastas consecuencias para el empleo en el sector en breve.

En una reciente reunión de representantes de las plataformas y asociaciones celebrada en Córdoba se ha acordado nuevas movilizaciones para el próximo mes de febrero, a las que USO se sumará nuevamente ofreciendo todo su apoyo y colaboración a los compañeros y compañeras de la Junta de Andalucía.

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En un comunicado conjunto, USO, junto a los Sindicatos FSES (SATSE y ANPE), CCOO, UGT, I-CLM (STE-CLM, STAS-CLM y SF-CLM), USAE, SIC-GS invitan a las empleadas y empleados públicos de Castilla-La Mancha a manifestar conjuntamente nuestro malestar y nuestro rechazo a la segunda parte del mal llamado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, un plan que más bien debería denominarse Plan de Recortes, pues son recortes lo que efectivamente contiene.

En el Manifiesto se rechaza rotundamente el hecho de que en una situación como la que estamos viviendo, con cinco millones de trabajadores y trabajadoras en paro, en lugar de tomar medidas que sirvan para crear empleo y, consecuentemente, dinamizar la economía, el gobierno regional adopte medidas que inevitablemente crearán más paro, en el sector público de forma directa e indirectamente también en la empresa privada.

Este nuevo incremento del número de trabajadores parados se suma al producido en los últimos tiempos y, especialmente, desde que el 31 de agosto la Presidenta Cospedal anunciase su primer plan de recortes.

A esta agresión al empleo se suma el anuncio de privatizaciones en Sanidad y en Educación. Poner el empleo y la gestión de lo público en manos de empresas privadas lleva consigo que algunos acaben haciendo negocio con los servicios y, como nos muestra la experiencia, aplicando criterios puramente económicos que recortan puestos de trabajo, empeoran la atención a la ciudadanía y disminuyen la calidad de los servicios públicos.

Los Sindicatos firmantes manifiestan no estar dispuestos a consentir que el Estado del Bienestar que tanto trabajo nos ha costado conseguir, y cuyos principales pilares son los servicios públicos universales y de calidad, se vaya desmantelando y lo público se convierta en una red asistencial deficiente para los más desfavorecidos, mientras que la atención de calidad quede reservada a quienes pueden pagarla acudiendo a una empresa privada.

Este segundo Plan de Recortes carga una vez más contra los empleados públicos, que, pese a no haber sido los causantes de una crisis que todos padecemos, venimos soportando recortes en nuestros salarios y en nuestras condiciones laborales por parte del gobierno del Estado y del de la Comunidad Autónoma, con independencia de su signo político.

Es indignante por injusto y por recurrente, que se convierta a los empleados públicos en chivo expiatorio de los males de nuestra economía y la irresponsabilidad de nuestros gobernantes.

Se intenta transmitir la imagen de que somos unos privilegiados, pasando por alto que al hablar de empleados públicos es necesario hablar de funcionarios, de personal estatutario y de personal laboral, colectivos con condiciones muy diferentes y cuyo nexo común es superar una prueba selectiva donde los principios de igualdad, mérito y capacidad son el garante de su independencia y legalidad.

Interesadamente se olvida que la mayoría de los empleados públicos tienen retribuciones escasas, que en muchos casos no llegan a los 1000€, y que no todos tienen trabajo fijo ni mucho menos, sino que el índice de precariedad que soportan interinos, sustitutos, etc., está por encima de la mayoría de las empresas privadas. Y no sólo pagamos la crisis con una disminución de nuestras retribuciones, sino que se aprovecha la situación para eliminar derechos sociales y laborales conseguidos tras muchos años de lucha y de negociación.

Y todo ello se lleva a cabo ignorando la obligación legal de consultar y negociar con los trabajadores afectados y con sus legítimos representantes la aplicación de medidas que afecten a sus condiciones laborales y económicas.

El gobierno regional demuestra un desprecio absoluto a la negociación colectiva, pues o bien no reúne las mesas negociadoras o, cuando lo hace, se limita a informar de decisiones previamente adoptadas que empeoran sustancialmente la situación de los trabajadores y de los servicios y de las que pretende hacernos sabedores o cómplices.

Los convocantes temen que la aplicación de las medidas contenidas en los dos planes de recortes aprobados por el gobierno y otras que puedan venir empeoren en los próximos meses aun más la situación que vivimos en este momento.

Es por esto que pensamos que debemos prepararnos para dar una respuesta contundente sostenida en el tiempo. Para esto convocamos concentraciones y manifestaciones el pasado mes de diciembre y, reunidos de nuevo en el mes de Enero, hemos acordado un conjunto de movilizaciones de intensidad creciente hasta el 29 de febrero, que contiene asambleas, concentraciones, manifestaciones y huelga para conseguir que el gobierno dé marcha atrás en sus agresiones y renuncie a seguir agrediendo a los empleados y a los servicios públicos.

Queremos contar con todos los empleados y empleadas públicos. Es mucho lo que nos jugamos y todos debemos defenderlo.

Por eso pedimos la participación masiva de todos los trabajadores y trabajadoras y de aquellos usuarios de los servicios públicos en las acciones que propongamos en su defensa

En Extremadura, el Presidente Monago y sus Altos Cargos han decidido subirse el sueldo un 7%.

En el proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura que se tramita en la Asamblea de Extremadura, se recoge un incremento del complemento especifico del 15,7% respecto al fijado en el año 2011, lo que supone un incremento de 6,94 % sobre el total de las retribuciones.

El complemento especifico es el destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.

Este brutal incremento en tiempos de crisis afecta únicamente a los altos cargos de libre designación con responsabilidades políticas, ya que los Jefes de Servicio y todo el personal de los grupos A y B mantiene sus retribuciones congeladas como el resto de empleados públicos del país.

En esta calificación de Alto Cargo se incluyen los Directores Generales, Asesores, Secretarios de Alto Cargo, Secretarios Generales, Jefes de Gabinete y Consejeros, además del propio Presidente extremeño, Sr. Monago.

Desconocemos por completo el argumento en que se justifica esta subida que choca frontalmente con las políticas de restricción de gasto y ajustes presupuestarios que se proclaman por el Partido al que pertenece el flamante presidente de Extremadura.

Desde FEP-USO no queremos ni podemos olvidar que, además, esta injusta e intolerable subida se consolidará como complemento de Alto cargo, si todos los que la perciben desempeñan su puesto durante 2 años.

Este complemento, del que FEP-USO ha pedido su supresión en innumerables ocasiones, se percibe de por vida en nómina ( y en la pensión de jubilación por ser concepto cotizable) por un total de 580 funcionarios y funcionarias de Extremadura que han sido Altos Cargos en etapas anteriores, y supone un gasto anual de 6 millones de euros en los Presupuestos Generales.

Desde FEP-USO creemos que es totalmente intolerable esta propuesta del Gobierno Extremeño y confiamos que en el debate de las enmiendas parciales que se ha iniciado  hoy, 16 de enero, en la Asamblea de Extremadura, se ponga fin a este atropello.

En este enlace podéis consultar el proyecto de presupuestos 2012: http://217.124.178.9/presupuestos2010/proyecto_presupuesto_2012/proyecto_presupuestos_2012.htm